La inteligencia artificial avanza más rápido que nuestra capacidad de regularla. En Ecuador, ese avance ya no constituye únicamente una aspiración tecnológica, sino una política pública y un futuro marco normativo que plantean nuevos desafíos para la Administración Pública.
La Estrategia para el Fomento del Desarrollo y Uso Ético y Responsable de la Inteligencia Artificial (EFIA-EC), presentada por el Ministerio de Telecomunicaciones el 10 de marzo de 2026, propone impulsar la investigación, innovación y aplicación de soluciones basadas en inteligencia artificial tanto en el sector público como en el privado, con el propósito de incrementar la productividad y mejorar la calidad de bienes y servicios.
Pero surge una pregunta: ¿qué significa realmente implementar “soluciones basadas en inteligencia artificial” dentro del sector público?
Laura Melo, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, afirmó:
“La gobernanza de la IA es también un ejercicio de justicia social y de defensa de la democracia. Una IA injusta, opaca o inaccesible profundiza brechas; una IA ética, participativa y contextualizada puede convertirse en una poderosa herramienta para el desarrollo humano.”
Y tiene razón. Pero precisamente por eso, la implementación de IA en el Estado debe ser observada con cautela. La modernización de la gestión pública mediante algoritmos promete agilizar trámites, optimizar recursos y fortalecer la eficiencia administrativa. Sin embargo, el problema comienza cuando confundimos eficiencia con justicia. El machine learning, base de muchos sistemas de inteligencia artificial, está diseñado para maximizar precisión predictiva, no para comprender contextos humanos, desigualdades estructurales o criterios de equidad. La IA puede ofrecer respuestas rápidas, pero no necesariamente respuestas justas. Porque la justicia no es una operación matemática.
La IA no posee juicio ético, sensibilidad social ni capacidad real de ponderación jurídica. Y el derecho no puede reducirse a la aplicación automática de patrones estadísticos. Hablar de justicia implica hablar también de ética, transparencia y debido proceso. La incorporación progresiva de herramientas automatizadas y sistemas algorítmicos plantea interrogantes sobre la transparencia y el control de las decisiones administrativas.
Aquí existe una tensión directa con el artículo 227 de la Constitución ecuatoriana, que establece que la administración pública debe regirse por principios de transparencia y rendición de cuentas. La automatización estatal no puede convertirse en un espacio inmune al control ciudadano. La tecnología debe funcionar como instrumento de apoyo a la legalidad y la transparencia, no como sustituto del razonamiento jurídico ni del debido proceso. Además, en Ecuador la brecha digital sigue siendo una realidad evidente. La automatización de servicios públicos, como turnos para cédulas o trámites municipales, sin mecanismos adecuados de asistencia humana termina excluyendo precisamente a los sectores más vulnerables. No existe verdadera tutela efectiva si el ciudadano ni siquiera comprende la interfaz tecnológica con la que el Estado le obliga a interactuar.
Burrell (2016) sostiene que la opacidad algorítmica no solo responde a una intención deliberada de ocultar información, sino también a la complejidad inherente del machine learning, cuyos procesos muchas veces resultan inaccesibles incluso para el razonamiento humano.
Y ahí aparece uno de los problemas más serios, cuando el modelo matemático y la capacidad de comprensión del ciudadano o incluso, del propio juzgador, operan en escalas completamente distintas, la fiscalización real de la decisión administrativa se vuelve prácticamente imposible. En consecuencia, el verdadero desafío no consiste únicamente en desarrollar inteligencia artificial, sino en hacer comprensible su funcionamiento para quienes deben controlarla.
Precisamente por ello resulta relevante que la Asamblea Nacional tramite actualmente el Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de la Inteligencia Artificial en Ecuador, el cual incorpora principios como la transparencia, la supervisión humana, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos, esto constituye un avance importante, sin embargo, el verdadero reto no será únicamente aprobar una ley, el desafío será lograr que esos principios puedan hacerse efectivos cuando la inteligencia artificial, que avanza vertiginosamente, intervenga en decisiones administrativas concretas.
Porque la supervisión humana no debe convertirse en una formalidad; debe traducirse en una responsabilidad jurídica real. La inteligencia artificial no posee personalidad jurídica ni puede asumir responsabilidad ética o legal por sus decisiones. Siempre deberá existir una persona, una autoridad o una institución responsable de la decisión final y de sus consecuencias.
Regular la inteligencia artificial es apenas el primer paso, garantizar que la eficiencia tecnológica nunca desplace la justicia material será el verdadero desafío del Derecho Administrativo en los próximos años.
¿Estamos preparados para permitir que algoritmos participen en decisiones públicas cuando todavía existen interrogantes sobre su transparencia y control jurídico?
Escrito por: Abg. Emily Tehanga