Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial

La Asamblea Nacional ha aprobado recientemente el Proyecto de Ley Orgánica para la Optimización del Gasto Público en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que introduce reformas clave al COOTAD.

Esta normativa, tramitada con «carácter económico urgente», establece un nuevo paradigma en la gestión financiera de los GAD municipales y provinciales, priorizando la inversión sobre el gasto administrativo.

Puntos clave de la reforma:
  1. Regla de Inversión Prioritaria: Los GAD deberán destinar al menos el 70% de su presupuesto anual de egresos no financieros a gastos de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura.
  2. Implementación Gradual: La meta del 70% se alcanzará de forma escalonada:
  • 2026: 65%
  • 2027: 68%
  • 2028: 70% (Se lo aplicará en adelante).
  1. Transparencia y Control: Se establece la obligatoriedad de publicar indicadores de gasto de forma trimestral (hasta el día 15 del mes siguiente a cada trimestre), bajo la supervisión del Ministerio de Economías y Finanzas, es decir, el seguimiento trimestral lo realizará el ente rector de finanzas públicas dentro de los 60 días posteriores a cada trimestre.
  2. Excepción: Esta normativa no será aplicable para los Gobiernos Parroquiales Rurales. Y, además, se excluyen del cálculo ciertos grupos del Clasificador Presupuestario, como:
  • Grupo 56: Egresos financieros
  • Grupo 87: Inversiones financieras
  • Grupo 96: Amortización de deuda pública
  • Grupo 97, 98 y 99: Pasivos y obligaciones específicas.
  1. Control: El cumplimiento será obligatorio y verificable en formulación, asignación, reformas, devengados y ejecución presupuestaria. Y, se deberá incorporar un Anexo de Cumplimiento de la Regla de Asignación Mínima Prioritaria, que incluya:
  • Total, de egresos no financieros codificados.
  • Detalle del gasto computable.
  • Porcentaje resultante.
  • Certificación de la máxima autoridad ejecutiva del GAD.

 

📌 Esta reforma exige que las administraciones locales reevalúen sus estructuras de costos y procesos de contratación pública para asegurar el cumplimiento de los nuevos umbrales legales, evitando posibles glosas o sanciones por parte de los organismos de control.

La ley entró en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial el 23 de febrero de 2026.

Por: Alisson López – Asistente Legal
Fuente: Registro Oficial el 23 de febrero de 2026.